El lunes, la Inspección de Trabajo notificó a Glovo una multa de 32,9 millones de euros por emplear 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. Esta sanción lleva aparejado el requerimiento de 19 millones de euros en cotizaciones de la Seguridad Social, además de otros 5,2 millones por la contratación de 813 trabajadores sin permiso de trabajo. Esto eleva el acumulado de multas a 205,3 millones de euros, compuesto por 125,3 millones en sanciones y 80 millones en actas de liquidación de cotizaciones.

Glovo por su parte, se ha defendido al indicar que el periodo que provocó la imposición de sanciones estaba antes de la entrada en vigor de la ley rider. La compañía también explicó que el modelo operativo que generó estas sanciones ya no existe en España. Asimismo, Glovo afirmó que los trabajadores extranjeros no tenían permiso de trabajo, pero sí estaban dados de alta como autónomos. La empresa ha comunicado que va a recurrir la sanción.

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, ha remarcado en el Congreso el cambio legislativo realizado en el Código Penal. «Queremos que las empresas cumplan con la ley; no hay excepciones –ya sean grandes o pequeñas– todos estarán sujetos a la misma«, ha señalado. «Demostraremos que el Gobierno Español es justo con todos sus ciudadanos al exigirles el cumplimiento de las normas laborales, y se ejercerá el peso de la legalidad«, agregó Díaz.