La Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (AVAELA) ha celebrado los pasados días 5 y 6 de noviembre sus IV Jornadas de Salud Laboral en Andalucía bajo el lema: «El trabajo es seguro o no es trabajo». El encuentro tuvo lugar en el antiguo hospital de San Juan de Dios de Jaén y reunió a responsables políticos, representantes institucionales y, sobre todo, a quienes dan sentido a la existencia de esta asociación: las víctimas y sus familias.
La política ante la siniestralidad laboral
La primera jornada estuvo centrada en el papel de la política como instrumento imprescindible para la erradicación de la siniestralidad laboral. En la mesa de debate intervinieron:
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José Antonio Chamizo Carretero, director general de Trabajo Autónomo del Ministerio de Trabajo y Economía Social,
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Jesús González Márquez, exsenador y exdirector general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía,
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y Pilar Parra Ruíz, vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén y diputada de Economía, Hacienda y Recursos Humanos.
Durante la sesión se analizó la preocupante situación de la siniestralidad en el ámbito laboral tanto a nivel estatal como autonómico. Los ponentes coincidieron en señalar la falta de prevención estructural y de voluntad política sostenida como uno de los principales obstáculos. Además, se plantearon propuestas concretas para reforzar la legislación, mejorar la inspección y fomentar una cultura de prevención real y eficaz en los centros de trabajo.
Las víctimas, en el centro del debate
La segunda jornada estuvo dedicada a las verdaderas protagonistas: las personas que han sufrido accidentes o enfermedades laborales. Bajo el título “Detrás de todo accidente o enfermedad laboral están las personas”, se compartieron testimonios profundamente humanos y conmovedores.
Intervinieron:
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Teresa Casillas Gómez, viuda por accidente laboral,
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Pedro Luque Yuste, trabajador accidentado,
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y Francisca Paulano Godino, madre de un joven fallecido en su puesto de trabajo.
Sus relatos reflejaron el triple calvario que muchas familias atraviesan: el impacto físico, psicológico y jurídico tras un accidente laboral. Denunciaron la culpabilización constante a las víctimas, la falta de atención psicológica, la lentitud de los procesos judiciales —que pueden prolongarse hasta seis años—, y la desigualdad frente a empresas que a menudo eligen pagar sanciones antes que aplicar medidas de prevención.
También reclamaron mayor inspección y control efectivo, una mejor financiación para asociaciones de víctimas y, sobre todo, trato humano, sensibilidad y empatía por parte de las instituciones.
Estas jornadas han sido un espacio para alzar la voz y exigir justicia, reparación y prevención real. AVAELA continúa su labor incansable para que la salud laboral sea un derecho garantizado y no una cuestión pendiente.

