Por RevistaMas 
El Gobierno de España ha anunciado una regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de 500.000 personas migrantes que actualmente residen en el país en situación administrativa irregular. La medida, presentada como un Real Decreto, entrará en vigor en abril de 2026 y se aplicará durante tres meses.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó la iniciativa como «un día histórico» y destacó su finalidad: reconocer, dignificar y garantizar derechos a personas que ya forman parte de la sociedad española.
¿A quién va dirigida?
Podrán acogerse a esta regularización:
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Personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
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Personas que lleven al menos cinco meses en el país.
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Solicitantes de protección internacional (asilo).
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Personas sin antecedentes penales ni causas de expulsión.
Para acreditar su permanencia en España, se aceptarán documentos públicos o privados, como empadronamientos, contratos de alquiler, citas médicas, envíos de remesas o certificados de asistencia a recursos sociales.
¿Qué derechos se reconocen?
Con solo presentar la solicitud, se suspenderán posibles órdenes de expulsión y la persona podrá trabajar legalmente desde el primer día. Si la resolución es favorable, se otorgará una residencia de un año, con posibilidad de renovación según la normativa vigente.
El decreto también contempla el permiso de residencia para hijos e hijas de los solicitantes, por un periodo de cinco años.
Una medida con precedentes
Esta es la primera regularización que se realiza en España desde 2005. La última, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, benefició a más de 570.000 personas. También se llevaron a cabo procesos similares durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar.
Aunque esta nueva medida ha sido impulsada desde el Ejecutivo y no requerirá votación en el Congreso, su origen se remonta a una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 600.000 firmas, apoyada por una amplia diversidad de entidades sociales, religiosas, empresariales y humanitarias.
Un paso hacia la integración
La ministra Saiz aseguró que esta regularización busca una integración plena y progresiva de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país. “Beneficia al trabajador, que gana en derechos, y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, afirmó.
Más allá de los trámites, cifras y requisitos, esta medida supone un paso mas hacia una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. Un país se construye con personas, ya sean las que están o las que llegan. Porque es un derecho de la persona su dignidad, nadie puede estar excluido del bienestar social.